El Universal, Cartera, 29 de septiembre 2014

Columna Telecom y Medios

Por Gabriel Sosa Plata

Aunque hasta ahora el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) no ha confirmado la información, se asegura que el poderoso y misterioso empresario minero Germán Larrea Mota Velasco es uno de los participantes en la licitación de las dos cadenas de televisión abierta digital, a través de la empresa Empresarios Industriales de México, S.A. de C.V.

Que el segundo hombre más rico de México y con la posición número 67 de los multimillonarios en el mundo, con una fortuna estimada de 14 mil 900 millones de dólares, según Forbes, sea uno de los posibles operadores de uno de los medios de comunicación con mayor influencia en el país, no es positivo para la incipiente democracia mexicana ni para el periodismo. Poder económico y poder mediático nunca han sido una buena mancuerna para ampliar la libertad de expresión y el derecho a la información porque, como afirma Ignacio Ramonet,”no funcionan de manera que satisfagan a los ciudadanos sino que lo hacen al servicio de los intereses de los grupos que los poseen”.

Sin embargo, se trata de una tendencia global irreversible. Empresas tradicionales de medios de comunicación se han convertido en empresas multiplataforma con un enorme poder económico y han creado multimillonarios (Michael Bloomberg, Rupert Murdoch, Francois Pinault, etc.) con inversiones en otras actividades económicas. Pero también, como afirma Denis de Moraes, hoy megaempresas, fondos de inversión, magnates de las finanzas y del petróleo y bancos como el Santander, el Bilbao Vizcaya y el Deutsche tienen participaciones y propiedades cruzadas en los medios. La liberalización ha favorecido la entrada de estos capitales en los mercados de la comunicación (Denis de Moraes, Ignacio Ramonet y Pascual Serrano, Medios, poder y contrapoder, Ed. Biblos, 2013).

En su justa dimensión, algo similar hemos vivido en México. La radio y la televisión crearon multimillonarios (Emilio Azcárraga es el caso más destacado), pero también en fechas más recientes hemos visto un inusitado interés en los medios de comunicación por parte de empresarios exitosos en otras ramas de la economía. Por ejemplo, Olegario Vázquez Raña, de ser un sobresaliente empresario hotelero, financiero y de hospitales, decidió incursionar en los medios de comunicación al adquirir el periódico Excélsior, el grupo radiofónico Imagen, el Canal 28 de televisión y ahora quiere, como Larrea, ser uno de los ganadores de las cadenas de televisión.

Lo mismo podríamos decir de Carlos Slim, el hombre más rico de México y el segundo multimillonario en el mundo, que hizo su fortuna en las telecomunicaciones y otros negocios, y ahora ya tiene un pie en los medios de comunicación en nuestro país, a través de noticiarios y producciones de deportes que se transmiten en la televisión de paga (Dish), además de una presencia cada vez más amplia en internet a través de portales como Uno.tv y Ora.tv. Su incursión directa en la televisión de paga parece inminente, una vez que se resuelva la venta de activos de América Móvil para dejar de ser agente económico preponderante en el sector de las telecomunicaciones.

Germán Larrea también quiere extenderse en las llamadas industrias culturales. Creó la filial Entretenimiento GM de México, con la que incursionó en 2009 en el negocio de la exhibición de películas a través de Cinemex. Con mucho dinero en el bolsillo, logró en menos de cinco años convertirse en la segunda empresa más importante de este mercado. El año pasado, con el visto bueno de la nueva Comisión Federal de Competencia Económica (CFCE), adquirió Cinemark, y se consolidó en México un duopolio (Cinépolis-Cinemex) en la exhibición cinematográfica.

Con este exitoso antecedente, el empresario va por la televisión abierta y las luces de emergencia se encendieron. Evidentemente hay quienes no lo quieren operando una o las dos cadenas, no por las razones que expusimos al inicio de esta columna, sino porque se le ve como un competidor peligroso que podría afectar los intereses de quienes históricamente han controlado el sector de la radiodifusión mexicana. Además de tener mucho dinero, posee información de primera mano sobre las oportunidades del mercado de la televisión abierta y las telecomunicaciones al ser miembro del Consejo de Administración de Televisa. Esto explica el “bullyng” mediático que ha vivido en las últimas semanas de parte de la televisión y por supuesto del gobierno federal (que preferiría a un empresario más cercano), por una buena razón: el desastre ecológico provocado por una de sus minas de cobre en Sonora.

Si Larrea se quedara con una o las dos cadenas de televisión ¿qué informarían sus noticiarios sobre esta tragedia ecológica y de qué manera? O ¿qué dirían sobre los señalamientos que se le hacen en el sentido de que, como informa Dolia Estévez, en Forbes (27 de septiembre 2014), ha ocultado su identidad como comprador de bienes raíces en Estados Unidos a través de empresas fantasma de las que él es el único miembro? Por supuesto nada o muy poco –sesgadamente-, porque para eso desean los medios: para proteger intereses y, lógico, para ganar dinero.

SESIONES PÚBLICAS DE IFT

El artículo 47 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión establece que las sesiones del pleno del IFT deben ser públicas, excepto aquellas en las que se traten temas con información confidencial o reservada. Sin embargo, a ningún ciudadano se le permite el acceso a dichas sesiones, como lo constató la reportera Vania Guerrero, del periódico Reforma, ante notario público.

La violación a la ley es flagrante y la ciudadanía y los medios de comunicación debemos exigir al pleno del IFT cumpla con lo que se establece en la Constitución. Las y los comisionados deben explicar a la sociedad las razones por las que hasta ahora se han visto impedidos de abrir sus sesiones y cuándo lo harán.

Uno de los pocos logros de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones fue la creación de un órgano con autonomía constitucional, que actuara con transparencia y rendición de cuentas. La apertura de sus sesiones es un paso fundamental para conservar los pírricos beneficios de este cambio legislativo.

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