Nora Rodríguez Aceves

Enlace revista Siempre: http://www.siempre.com.mx/2015/04/radio-centro-debe-una-explicacion/

No hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague, como se dice popularmente, y los 30 días de plazo —establecido en las bases de licitación— que tenía Grupo Radio Centro, de Francisco Aguirre, para acreditar el pago de tres mil 508 millones de pesos que ofreció de contraprestación para poder obtener la concesión de una cadena nacional de televisión abierta, se cumplieron este 10 de abril.

Por tal motivo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) resolvió a “descalificar a Grupo Radio Centro y dejar sin efectos el fallo que lo declaraba participante ganador del procedimiento de Licitación No. IFT-1, a efecto de formar una cadena de televisión con cobertura nacional en el país”.

De esta manera, el IFT declaró oficialmente “desierta la Licitación IFT-1 únicamente respecto de la cadena nacional de 123 canales de televisión radiodifundida digital por la que había declarado —el 11 de marzo pasado— participante ganador a Grupo Radio Centro”.

Sin que hasta el momento se hayan precisado los motivos, la decisión de Francisco Aguirre ha tenido como consecuencia pérdidas económicas y financieras que van desde liquidar la garantía de seriedad por 415 millones de pesos expedida por la empresa, en los términos fijados en las bases de licitación hasta, de acuerdo con la prensa especializada en finanzas, la caída de los títulos de Radio Centro, “que son de baja bursatilidad en el mercado, cayeron 18.18%, a 17.95 pesos por título”, el mismo día que el instituto le revocara la adjudicación de la cadenas de televisión tras incumplir el pago que ofreció por ella.

Asimismo, señala que “tras el incumplimiento Radio Centro perdió los 415 millones de pesos que dejó en garantía con el IFT, mismos que dijo en un comunicado a la Bolsa mexicana que cubrirá con operaciones de liquidez previamente contempladas”.

El monto es de casi cinco veces las ganancias de la empresa en todo 2014, que fueron de 85.3 millones de pesos, con ventas por 986.5 millones”, señaló la prensa nacional.

Dentro de las muchas especulaciones que se levantaron en torno a cómo pagaría la empresa de Aguirre tal cantidad ofrecida por la cadena de televisión, hubo alguien que tenía la certeza de lo que sucedería: el comunicador mexicano José Gutiérrez Vivo, que en entrevista con el diario español El País, en marzo pasado afirmó: “El señor Aguirre no cuenta con ese dinero. Estoy al tanto de sus estados de cuenta fiscales y las presentaciones que hace cada tres meses sobre las finanzas de la empresa. O se sacó la lotería y no nos lo había dicho o hay alguien atrás que está poniendo el dinero mientras él pone la cara”.

Licitación medianamente exitosa

En opinión de Gabriel Sosa Plata, profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco, Francisco Aguirre Gómez, presidente de Radio Centro, tiene que dar “a la sociedad una explicación de lo que sucedió, de por qué participa en una licitación y por qué al final de cuentas no cumple con la promesa de contraprestación que había definido para el órgano regulador de las telecomunicaciones. Esto es muy importante porque ¿qué tal si el mismo Francisco Aguirre vivió algún tipo de presión económica, política o empresarial?, y además, sería también muy sano para las próximas licitaciones, ahí vienen las de radio, y su éxito dependerá de que los inversionistas, los jugadores, los participantes, se sientan con esto que llaman seguridad jurídica para seguir los procesos de licitación. Si hay inseguridad por alguna razón, es el momento de decirlo, y Francisco Aguirre tendría que explicarlo”.

Por eso, “se ha mencionado que esta es una licitación medianamente exitosa, no podemos decir que es exitosa al 100% ya que sólo quedó un ganador de las dos cadenas que se estuvieron licitando y de un jugador que ya conocíamos, que sabíamos que aspiraba desde hace mucho tiempo a ganar frecuencias de televisión y hacer realidad el nombre de su canal que era Cadenatres y que en ese sentido resultó desalentadora también la licitación porque uno esperaba que hubiese una mayor participación, que fuera mucho más nutrida de inversionistas y en el momento definitivo todo quedó reducido a dos y de los dos quedó uno”.

De ahí que el experto en medios de comunicación y telecomunicaciones señale que “no es sólo la explicación que nos debe el propio empresario Aguirre sino también el IFT necesita hacer un análisis de las condiciones de competencia; ya existe, pero habría que irse al fondo de por qué había tanta expectativa en el mercado de la televisión abierta, y que sigue siendo tan importante pese a las críticas o incluso a los mismos estudios que se han hecho, que en el momento ya de las decisiones llegaron tan poquitos, eso también se necesita reflexionar, analizar a profundidad, para saber qué decisión tomar para la próxima licitación porque quedaron en desuso por lo pronto 123 canales de televisión a nivel nacional, varios de ellos en las principales plazas, por ejemplo aquí en el Distrito Federal, en Guadalajara, en Monterrey, en las principales ciudades fronterizas, en Puebla, en fin, es apetitoso en algunas de estas ciudades, en paquete salía muy costoso, pero no deja de ser apetitoso el mercado de la televisión por todo lo que conlleva”.

En ese mismo tenor, Gabriel Sosa comparte con Siempre! su reflexión sobre las fallas en el proceso de licitación y la nula participación de los inversionistas. “El gran problema es que nos tardamos demasiado en la apertura del mercado de la televisión en México. Éste es un tema que lleva más de 10 años, casi 15 podríamos decir, porque fue una promesa de Felipe Calderón como candidato presidencial y después dentro de sus 100 acciones a desarrollar en los 100 primeros días de su gobierno estaba el tema de la apertura de la televisión, en donde sí hay un interés, sin embargo, esta apertura ocurrió hasta que se impulsaron las llamadas reformas estructurales y se modificó la Constitución y se creó una nueva ley secundaria en materia de telecomunicaciones, tuvo que ser un mandato constitucional”.

Por eso, llama la atención que siendo la televisión un sector tan fructífero, tan esperado por el sector empresarial, por los inversionistas, fueran tan pocos los participantes, sobre todo considerando la enorme expectativa que existía tanto de diversos empresarios como también de la sociedad para abrir este mercado, aunque muchos lo han visto como un mercado ya de salida, en México sigue siendo muy importante, es el que absorbe el porcentaje mayoritario de la inversión publicitaria tanto comercial como de la publicidad gubernamental, independientemente de que el uso de la televisión da cierto poder a quien explota las frecuencias, poder político de imagen para gestionar ciertos intereses a su alcance.

Entonces, también los otros empresarios “nos deben una explicación, Manuel Arroyo, del periódico El Financiero, el propio Germán Larrea, que es un empresario misterioso, pero tienen representantes que podrían también dar una explicación, el caso de don Mario Vázquez Raña quizá se explique por su inesperada muerte, aunque finalmente quien estaba llevando ya las negociaciones directamente era su hijo y él sabe perfectamente también lo que ocurrió, no sólo atribuirlo a la muerte del papá sino quizás a otros factores por los cuales no participó la propia familia Vargas —Joaquín Vargas Guajardo, de MVS— esa parte requiere una mayor explicación”.

Un segundo factor —explica Sosa Plata— es que México no tenía experiencia en lo que es licitación de frecuencias de radiodifusión, de radio y televisión abierta, se tenía experiencia desde la Ley Federal de Telecomunicaciones de 1995 en la apertura del sector telecomunicaciones, y desde esa ley se manejó esto que llaman la puja, es decir, los que participan en una licitación lo hacen a través de una subasta, van proponiendo cantidades de dinero y quien ofrece más es el que se quedaba y el que se termina quedando todavía en la actualidad con las frecuencias.

IFT, labor adecuada

En radiodifusión esto no se hizo porque desde “la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno de la Ley Televisa se estableció que, tratándose de frecuencias de radiodifusión, no podía imperar el criterio de quien diera más dinero es el que ganaba las frecuencias, pues la radiodifusión tiene ante todo una función social, entonces si se definía por quién daba más, esto excluía a muchos actores de la sociedad, a los que no tuvieran dinero”.

Por eso, el IFT “buscó un esquema que pudiese cumplir con este principio con esta obligación constitucional y de la Suprema Corte de Justicia, de no subastarlo pero que tampoco se regalara, había que establecer una contraprestación y lo que se buscó fue lo del sobre cerrado que en efecto puede llegar a ser manipulable sobre todo si los actores que participan se ponen en comunicación para decir con que cantidad van, en este caso creo que eso no sucedió así, por la manera en como Grupo Radio Centro ofertó 70% más que el otro competidor, Olegario Vázquez Raña, uno pensaría que no se pusieron en comunicación o bien que Francisco Aguirre —de ahí la importancia de que aclare la situación— quizá recibió un mensaje, le dijeron que el otro ofrecería tal cantidad y quizás él con el ánimo de ganar y sin tener todavía la seguridad de contar con los recursos ofreció esa contraprestación económica”.

En este sentido, Gabriel Sosa, quien ha sido muy crítico del órgano regulador, apunta que “en general el IFT hizo su labor adecuadamente, en este caso más bien fueron otras las condiciones y entre ellas lo del sobre cerrado; no sé qué otro esquema pudo haber sido el más exitoso, sobre todo por esta problemática de que finalmente no sea el factor económico, que finalmente resultó siéndolo, porque la diferencia para ganar la concesión era cobertura y contraprestación económica, era lo que podía determinar si uno tenía más puntos que el otro. En este caso los dos fueron sobre el 100% de la cobertura, lo cual los colocaba en las mismas condiciones, la diferencia era el precio, pero de todas maneras cada uno se iba a quedar con una cadena, no había de otra, en fin todo esto habría que analizar, fue el mejor esquema lo del sobre cerrado, pero me parece que el instituto actuó con honestidad y con más de lo que tenía a su alcance”.

De ahí que ahora se esté planteando la posibilidad —y está tomando fuerza, porque “hasta los mismos comisionados del IFT la han estado mencionando en los medios— de que se puedan licitar cadenas regionales y esto podría ser un incentivo para los pequeños y medianos empresarios, porque obviamente el monto mínimo de participación sería mucho menor a lo que se estableció para la cadena de televisión, que eran 830 millones de pesos y la inversión que se tendría que hacer también es mucho menor comparada con una cadena de televisión nacional”.

“Se abre por ahí un escaparate importante aunque el otro gran problema que tenemos es que las licitaciones no suelen ser aquí, en México, un proceso rápido y eficaz sino que son procesos muy lentos, entonces en lo que se preparan las nuevas bases de licitación, si determinara el instituto que conviene hacer las cadenas regionales, se tendría que preparar todo, jurídicamente quizá ya no tanto pero sí técnicamente y también en cuanto a lo que son las contraprestaciones para dividir el país en diferentes regiones y tendrá que hacer un replanteamiento del programa de concesionamiento y después lanzar la nueva convocatoria, siendo así, es un proceso que nos llevaría quizá un año más, ojala fuera menos, aunque me temo que esto podría prolongarse más de un año y la apertura de la televisión seguirá a medias porque no es una apertura total”.

No obstante que en este tipo de licitaciones podría participar todo aquel empresario que lo desee y que tenga el poder económico, el académico de la UAM destaca que “con excepción, habría que revisar también a fondo la situación jurídica pero no, en este caso no podrían participar ni Televisa ni TV Azteca ni Carlos Slim”.

En cambio abriría la posibilidad para que otros participaran, como Multimedios; no sé, estoy pensando en voz alta, Multimedios que tiene una presencia en el norte del país mas no la tiene ni en el centro ni en el sureste; incluso nuevamente Grupo Radio Centro, “dado que no existe, hasta donde yo sé, ninguna limitante jurídica para que no pueda volver a participar, finalmente ya pagó su error de 415 millones de pesos, aun cuando habrá quien diga que ya no debe participar alguien que finalmente prometió y no cumplió, pero jurídicamente no habría ningún obstáculo para que volviera a participar. Es como aquél que participa en un examen, yo sé que es un ejemplo extremo, es el caso del que reprobó pero finalmente tiene derecho a volver a participar a intentarlo nuevamente, quizá ya bajo condiciones de mayor certeza de lo que pueda ocurrir, así es de que, después de esto, si aún tiene ánimo podría o debería volver a participar”.

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