El Universal, Cartera, 18 de agosto 2014
Por Gabriel Sosa Plata
Estimad@s comisionadas y comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel): en diferentes tonos y desde diferentes ámbitos les hemos exigido preserven a toda costa la autonomía con la que fue dotado constitucionalmente el órgano regulador que ahora representan e interpongan no sólo por convicción, sino por ética, por responsabilidad social y por obligación jurídica, una controversia constitucional por invasión de sus facultades en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en vigor desde el pasado 13 de agosto.
Tienen de plazo hasta el 10 de septiembre. Aún hay tiempo para actuar. Sabemos que tienen mucho trabajo, pero en la elaboración de su controversia no tienen que esforzarse demasiado. Hay insumos muy valiosos en la Cámara de Senadores y en Cámara de Diputados, en los que podrían apoyarse, derivados de los votos particulares, así como de las reservas a diversos artículos de la ley presentadas por legisladores que defendieron con vehemencia la autonomía constitucional del Ifetel.
También nos enteremos la semana pasada que fue redactada una acción de inconstitucionalidad, que puede ser útil, promovida por decenas de legisladores, pero que no logró presentarse ante la Suprema Corte de Justicia por una exitosa operación política de quienes, justo, distorsionaron los grandes alcances de la reforma constitucional en la malograda ley. En dicha acción, uno de los ejes fundamentales es precisamente la injerencia indebida de otros poderes en el Ifetel.
Argumentos jurídicos para demostrar cómo los legisladores y el Poder Ejecutivo invadieron en la ley sus facultades constitucionales sobran.
La semana pasada, Irene Levy, con la claridad que le caracteriza, expuso en EL UNIVERSAL algunas de esas violaciones: a) La Secretaría de Hacienda puede opinar sobre contraprestaciones en concesiones y servicios vinculados, pero no en todas las contraprestaciones a que se refiere la ley, b) El Instituto es la única autoridad que regula el espectro radioeléctrico, por lo que la reserva que se hizo en la ley del 10% para la radio comunitaria e indígena en la parte más alta de la banda de FM es contraria a dicho principio de regulación, c) Corresponde al Ifetel y no al Congreso, como ocurrió, establecer las tarifas de interconexión, y d) la más burda es la del noveno transitorio que permite a los concesionarios llevar a cabo concentraciones por servicio, mientras exista un agente económico preponderante en un sector, sin que sea necesario contar con la autorización del Instituto.
Ustedes más que nadie saben que el Ifetel es la única autoridad en materia de competencia económica en radiodifusión y telecomunicaciones. No pueden permitir que otro poder haga su trabajo, se meta hasta su cocina y elabore la “política de competencia” al gusto de intereses particulares y no del interés general, que como comisionados están obligados a proteger.
Una de las consecuencias de este último artículo, como saben, se concretó la semana pasada con el anuncio de que Televisa adquirió la totalidad de las acciones de Cablecom, lo que aumenta aún más la concentración en la televisión de paga. Ahora el conglomerado de Emilio Azcárraga domina más del 60% de ese mercado y va por más. Esto no debió ocurrir con base en los principios establecidos en la reforma constitucional. Pero varios artículos de la ley promovida por el gobierno federal, como se advirtió desde un principio, se redactaron con nombre y apellido.
Otras violaciones constitucionales, que dañan su autonomía, que conocen del senador Javier Corral y con las que tendrán que lidiar en caso de no presentar la controversia constitucional son: e) atender y sustanciar en forma prioritaria los asuntos en los que tenga interés el presidente de la República, como si el Ifetel fuera su órgano ejecutor, f) solicitar a la SCT su opinión en materia de prórrogas, cuando esta última responsabilidad es exclusiva del Instituto, y g) intervención mínima (sólo en máximos de publicidad y en programación y publicidad destinadas a la población infantil) y mediante “doble ventanilla” (Ifetel-Secretaría de Gobernación) en regulación de contenidos, en contra de una de las facultades que la Constitución atribuyó al Instituto en cuanto a regular, promover y supervisar la “prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones”.
Los contenidos son la materia sustantiva de los servicios de radiodifusión y sólo al Ifetel corresponde su regulación y no al gobierno federal, como quedó establecido en la ley. Aquí hubo otra regresión enorme. En beneficio de la libertad de expresión y del derecho a la información, esperamos asuman la responsabilidad que les corresponde también en esta materia.
Comisionadas y comisionados: la llegada de algunos de ustedes al Ifetel fue cuestionada por no cumplir diversos requisitos constitucionales y en otros casos por su relación estrecha con el Poder Ejecutivo, lo que generó suspicacias respecto a su dependencia política y funcional del gobierno federal. Demuestren a la sociedad y sus organizaciones no gubernamentales, a los usuarios de servicios de telecomunicaciones, a las audiencias, al empresariado nacional y extranjero, que estamos equivocados, que actúan con independencia y presenten la controversia constitucional.
No pueden, en definitiva, quedarse con los brazos cruzados ante los intereses que mutilaron o desviaron los alcances de la reforma constitucional y vulneraron en la ley las facultades del órgano autónomo, bajo el argumento de una colaboración institucional, por supuesto necesaria, pero que no implicaba una violación a la Carta Magna. Si no actúan, la credibilidad, la legitimidad y la autonomía del Instituto podrían dañarse seriamente. Háganlo por respeto a la Constitución y a la institución, con altura de miras y visión de Estado. No se conviertan, como muchos, en políticos “ordinarios”, cortoplacistas o “chambistas”. No reproduzcan el deplorable papel de los comisionados del IFAI, quienes renunciaron a la posibilidad de acudir a la Corte a defender la vida privada, que también se invade en la nueva ley.
ORGANISMO DE RADIODIFUSIÓN
Antes del 12 de septiembre, el presidente Enrique Peña Nieto deberá proponer al Senado, para su designación, al presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Ante la muerte del Pacto por México y lo que se vivió con la legislación secundaria de telecomunicaciones, el nombramiento del funcionario podría ser sólo una decisión del PRI-gobierno, sin tomar mucho en cuenta la opinión del PAN y el PRD. Pudo ser una designación mucho más democrática y consensuada, en beneficio de los medios públicos. Como candidato se mantiene el que fuera director del Organismo Promotor de Medios Audiovisuales (OPMA), Armando Carrillo. Por cierto, el nuevo Sistema inició la transmisión, desde el pasado sábado, de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2014, en Nanjing, China.
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Gabriel Sosa Plata 
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