Ley Telecom: ¿pasaporte al futuro para la TV? (Forbes, 30 de julio 2014)

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Gracias a la nueva legislación, Televisa es la única compañía que podrá combinar su alta capacidad para producir contenidos con el acceso total a las plataformas  de transmisión: telefonía fija y celular, TV abierta y de paga e Internet.

Por Karla Martínez

En cuanto se difundió en los medios la llamada telefó­nica en que la diputada del PRD Purificación Carpinteyro le dijo a un ex ejecutivo de Telefónica que se habían sa­cado la lotería pues podrían armar un negocio como operador móvil virtual, el escándalo se extendió como el fuego.

Los operadores virtuales son el futuro del mercado secundario de telecomunicaciones, puesto que sin poseer redes ni otro tipo de infraestructura para dar servicios, pueden, por ejemplo, comprar tiempo aire de telefonía celular a precio de mayoreo a las compañías que sí tienen redes, como Telcel, Telefónica, Iusacell o Nextel. Y luego revenderlo a precio de menudeo a los usuarios, lo cual incrementa la competencia y mejora los precios al consu­midor y la calidad del servicio. También pueden rentar espectro a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para dar en un solo paquete telefonía, Internet y TV de paga.

Esta ley aprobada deriva de la refor­ma a la Constitución hecha en junio de 2013, pero a decir de sus críticos contiene reglas que van en un sentido distinto de lo definido un año antes, e incluso la califican de regresiva porque, a su juicio, no fomenta la competen­cia en todos los servicios y es favorable a las empresas de TV. Deja intacto el poder en el mercado del duopolio Televisa-TV Azteca, al grado de llamarla Ley Televisa II. Sus críticos dicen que repite lo sucedido en 2006, cuando se aprobaron reglas benéficas para las televisoras, como alargar a 20 años la renovación automá­tica de sus concesiones y con garantía de que no serán objeto de revocación.

Salvo por algunos avances, la nueva ley no aporta mejoras en la calidad de los servicios, baja de precios ni más opciones de contenido a elegir para usuarios y audiencias. Se dijo que la finalidad de la reforma constitucional de 2013 era el combate a los grandes grupos de poder en telecomunicaciones y radiodifusión, y de repente, con un juego de palabras, cambió todo el sentido, dice Clara Luz Álvarez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Gracias a la nueva ley, Televisa es la única empresa que puede conjuntar los dos elementos esenciales para evolucionar con las telecomunicaciones: la alta capacidad de producción de contenidos que posee con el acceso a todas las plataformas para transmi­tirlos. Nadie más interesado en entrar a este mercado o de los ya existentes, está en esa mis­ma posición, ni siquiera América Móvil, que si bien presta ya la mayoría de los servicios, no está autorizada en México a ofrecer TV.

“Ganó Televisa y perdieron la sociedad y las pequeñas empresas y emprendedores que pudieron entrar e invertir en el mercado, pero ahora no tendrán opción de hacerlo”, señala el analista Gabriel Sosa Plata.

Se estima que para los usuarios la nueva ley significa un exceso de gasto diario de 576 millones de pesos (mdp) debido a que la falta de competencia impedirá que bajen los precios. Esta cifra que pudieron ahorrar los consumidores se seguirá gastando e irá a las arcas de los preponderantes, dice Ernesto Piedras, director general de The Competitive Intelligence Unit (CIU).

La ley tampoco hará nada para que las personas que no han podido costear los servi­cios de telefonía celular, Internet y TV de paga puedan hacerlo a partir de ahora. Tampoco impulsará la diversidad de contenidos, pues no impone ninguna obli­gación a Televisa y TV Azteca de incluir en su programación contenido de producción nacional independiente, ni hace aportes para el desarrollo de medios públicos, comunita­rios e indígenas.

Tampoco crea las mejores condiciones para una auténtica competencia en el mercado de TV de paga que domina Televisa con 75% de los suscriptores, adicional a su poder en el mercado de TV abierta y su oferta de servicios de Internet, telefonía fija, video bajo demanda y telefonía móvil; en este último servicio está asociada con Grupo Salinas, el dueño de TV Azteca, a través de Iusacell.

“A diferencia de lo que se ha dicho, la nueva ley no es un aliciente para la inversión, pues qué motivación hay cuando se sabe que la alta concentración en radiodifusión y telecomuni­caciones no se modifica de manera sustancial o que los cambios podrían tardar incluso años”, pregunta Sosa Plata.

La ley aprobada da la oportunidad a Tele­visa de comprar más empresas de TV de paga y aumentar con ello su poder en este mercado.

Con datos a 2013 de Televisa, considerados en la declaratoria de preponderancia del IFT, la TV abierta influye en 83% de las decisiones de compra de las amas de casa en México, en 82% de las mujeres, 75% en hombres y 73% de los jóvenes, lo cual es relevante para los anunciantes.

La reacción de Televisa a la reforma podría llegar de inmediato. La televisora está a la espera de que AT&T concrete la compra de DirecTV, su socio en Sky, pues con ello podría ofrecer telefonía y banda ancha móvil. La transacción, anunciada en mayo pasado, está a la espera de autorización por el IFT.

Frente a este panorama, antes que esperar nuevas inversiones, se anticipa que las tele­comunicaciones reducirán su peso en el PIB de 2.7% a 1.8%. Ya hay señales: la Inversión Extranjera Directa (IED) en el sector ha caído entre 30% y 50% en el último año, de acuerdo con la Secretaría de Economía (SE), a pesar de que la reforma constitucional incluyó un artículo de aplicación inmediata que permite la IED al 100% en telecomunicaciones y al 49% en radiodifusión.

El año pasado, las inversiones en teleco­municaciones (telefonía fija, telefonía móvil, Internet y TV de paga) cayeron 17%, al reportar una pérdida de 1,000 mdd, cerrando el sector con ingresos por 5,000 mdd. Esta ley le va a costar un punto de participación al sector en el PIB en lo que resta del sexenio, anticipa Rami­ro Tovar, experto en competencia económica y telecomunicaciones.

El nuevo ordenamiento es también un retroceso para los medios públicos y conce­siones de radio comunitarias e indígenas. Los legisladores les autorizan una potencia de transmisión de 20 watts, apenas suficiente para cubrir un vecindario, por lo que no repre­sentarán una competencia real para la radio comercial, además de que su única fuente de ingresos será el gobierno federal, lo que puede derivar en control político.

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No a la autonomía

Un cambio de reglas en México era urgente desde hace años. Tan sólo en telecomunica­ciones, las disfuncionalidades y la concentra­ción de mercados generó en los cuatro años previos a 2009 una pérdida de bienestar para los mexicanos valuada en 129,200 mdd, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), una cifra que es más de ocho veces el presupuesto de la Cruzada contra el Hambre del gobierno federal, de 200,000 mdp.

En ese periodo, los problemas del regula­dor Cofetel eran que dependía del gobierno fe­deral y que sus decisiones, como la revocación o entrega de concesiones y la imposición de sanciones, tenían que ser revisadas y aproba­das por la SCT. Al IFT, su sucesor, la reforma constitucional de 2013 le dio atribuciones para regular también la competencia tanto en te­lecomunicaciones como en radiodifusión (TV abierta y radio) y propiciar la llegada de más empresas a dar sus servicios. El objetivo era dejar atrás el control monopólico de Telmex y Telcel en telecomunicaciones, y de Televisa en TV abierta y TV de paga.

Pero la ley secundaria aprobada hace unas semanas da marcha atrás a estas atribuciones y estipula que el IFT debe solicitar la opinión de la SCT e incluso la de la Presidencia antes de entregar o renovar una concesión, y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a la hora de imponer una contraprestación (cobro de derechos) a los regulados. También queda sin atribuciones para decidir si los contenidos que difunden las empresas cumplen o no con la ley, y si se les debe sancionar, pues esa facultad regresa a la Secretaría de Gobernación (Segob).

Incluso definiciones ya hechas por el IFT, como las tarifas que las empresas de telefonía debían pagar a Telmex y Telcel por inter­conexión, la nueva ley las anula y determina que esta tarifa sea de cero pesos.

La ley tiene algunos beneficios. En seis meses quedará eliminado el cobro de larga dis­tancia nacional en telefonía fija y móvil; incluye algunos derechos de usuarios y audiencias que la anterior ley no contenía, como el desbloqueo de teléfonos celulares; la portabilidad numérica y la libertad de expresión, además de obligar a las empresas a compartir su infraestructura con otros jugadores para que la competencia se desarrolle con mayor rapidez. Por ejemplo, en el caso de Telmex, que tiene la red más grande del país, deberá no sólo abrir su infraestructura, sino compartir toda la información de sus redes y cómo operan.

Por sector o por servicio

En el balance, la nueva ley es vista como un retroceso. Es peor que la Ley Televisa de 2006 y contiene varios ejemplos de traición a lo que dice la Constitución y a lo que dijeron a la sociedad quienes la votaron, dice Álvarez, de la UNAM.

Un ejemplo es la preponderancia. De crea­ción mexicana, este concepto aplica a una empresa que tiene más de 50% de los usuarios, suscriptores, audiencia o tráfico en sus redes. Bajo esta premisa, el IFT es el que debe regular a las empresas que fueran “agentes económicos preponderantes”, y como la Constitución dice que debería hacerlo en los sectores de telecomunicaciones y radiodifu­sión, declaró preponderante a América Móvil (Telmex y Telcel) en telecomunicaciones y a Televisa en radiodifusión.

Pero al declarar preponderancia por sector se deja fuera de esta regla la TV de paga, mer­cado que domina Televisa y que forma parte del sector de telecomunicaciones, donde ya hay un preponderante, América Móvil. Ade­más de que en un siguiente párrafo la reforma constitucional habla de regular a las empresas que den servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, es decir, telefonía fija, telefonía móvil, Internet y TV de paga, en lo relativo a telecomunicaciones, y TV abierta y radio en lo concerniente a radiodifusión.

La disyuntiva entre aplicar la declaración de preponderancia por sector o por servicio se convirtió en el centro del debate y en una deci­sión con costos políticos para los legisladores, así que la mayoría que apoyó la ley optó por transmitir tal cual la ambigüedad plasmada en la Constitución. “De repente, pretenden en un juego de palabras decir que lo que quisieron decir es sector, entonces que nos digan esos le­gisladores en la cara que lo que quisieron decir es que en este país haya un solo preponderan­te (América Móvil); ésa es la consecuencia, así de sencilla”, subraya Álvarez.

Con ello, Televisa podrá concentrar grandes cuotas de mercado en TV de paga sin que se le pueda declarar preponderante, lo que le despeja el camino para dominar en el codiciado mercado de la convergencia o triple play: la oferta en paquete de telefonía fija, TV de paga e Internet.

El servicio con mayor futuro es la telefonía móvil, pues los actuales dispositivos como los teléfonos celulares inteligentes (smartphones), tabletas y computadoras portátiles permiten acceso a Internet y, por lo tanto, a video bajo demanda: de TV, películas, series y cualquier contenido e información, sin necesidad de tener que estar en un sitio fijo para ver la TV, hacer una llamada o conectarse.

Y aunque en la ley de competencia existe la figura de dominancia para indicar que una empresa tiene poder sustancial de mercado en un servicio y ser regulada, la investigadora de la UNAM no confía en que se logre controlar a las empresas con este método. “Vean qué tan efectivo fue declarar a Telmex y a Telcel dominantes”, recuerda Álvarez, en alusión a los intentos fallidos de regular y sancionar a am­bas empresas por años de la Comisión Federal de Competencia (Cofece).

A Telmex se le buscó regular desde 2007, con el objetivo de que diera un trato equitativo en cuanto a prestación de servicios y cobro de tarifas a otras empresas, pero las resoluciones fueron a dar a los juzgados, que en 2012 resolvieron a favor de la compañía. A Telcel se le declaró dominante en 2011 y se le impuso una multa inédita en materia de competencia, por 12,000 mdp, pero la empresa llegó a un acuer­do con la Cofece y “cambió” la sanción por una serie de compromisos relacionadas con la baja en tarifas de interconexión.

Para Televisa, no ser sujeta a la declaración de predominancia significa ir prácticamente en solitario por los ingresos publicitarios de TV de paga, que en 2012 fueron de 5,266 mdp, sobre todo porque el artículo noveno transito­rio de la ley le autoriza a comprar las empresas que desee de este subsector.

En la reforma constitucional se obliga al Congreso a fomentar la producción nacional independiente; sin embargo, en la ley no se observan elementos que promuevan este tipo de producción, mencionó Álvarez.

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Con 2015 en la mente

Al tener 70% de la audiencia, Televisa pudo haber sido declarada preponderante en el servicio de TV abierta, pero al definirse en la ley que estas declaratorias deben ser por sector, tendría que tener la mayoría de todo el mercado de radiodifusión, y eso es improba­ble por la gran cantidad de estaciones de radio y TV en el país. Y pese a que en el negocio de TV abierta pierde rentabilidad, Televisa podrá redirigir sus contenidos hacia otras platafor­mas, como Internet, y de ese modo obtener ingresos que antes no percibía al compartir su infraestructura de transmisión con las cadenas de TV que se deberán licitar este año y cobrar por ello, explica Sosa Plata.

También se ven beneficiadas empresas de telefonía como Iusacell, Nextel y Telefónica, y marcas compartidas de TV de paga como Yoo, en la que participan Cablevisión, Megacable y Cablemas, pues no contarán con regulación específica y podrán hacer uso de la nueva red que desplegará el gobierno federal, conocida como red compartida y que usará la banda de 700 mhz y fibra óptica para dar mejores servicios de Internet, además de que podrán usar la infraestructura de América Móvil para ofrecer el triple play.

El que las empresas de TV hayan sido favo­recidas por la ley no es casual. En 2015 habrá elecciones en diversos estados y varios legis­ladores buscan ser gobernadores, mientras que los partidos quieren mantener su posición de poder, dice Aleida Calleja, coordinadora del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (Observacom).

En efecto, el año entrante habrá eleccio­nes en 16 estados, y como en toda elección, la TV abierta se volverá invaluable para dar a conocer candidatos y sus mensajes, dada su co­bertura de 95% de los hogares del país, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El caso de Carpinteyro es elocuente: queda claro que en el sector de telecomunica­ciones y la TV los conflictos de interés tienen certificado de normalidad. La legisladora se vislumbró como ganadora de la lotería. Televisa simplemente se llevó el premio mayor.

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Gabriel Sosa Plata

Académico de la UAM-Xochimilco y analista de medios de comunicación

Radio, Televisión y Telecomunicaciones en México

Académico de la UAM-Xochimilco y analista de medios de comunicación

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