Comentario (ampliado) de Gabriel Sosa Plata en el noticiario “Pulso de la Mañana”, de Radio Educación, el 22 de mayo de 2015

Ayer se escribió un nuevo capítulo en el conflicto entre MVS y Carmen Aristegui.

Como se sabe no hubo acuerdo. La empresa reitera que no reinstalará a la periodista y deja en manos del poder judicial la solución.

De acuerdo con MVS, una de las razones, que no conocíamos, por la que despidió a Carmen Aristegui es por el uso ilegal de videos generados en Noticias MVS en el propio portal de la periodista, denominado Aristegui Noticias.

En opinión de la empresa, Aristegui lucró con el uso de estos materiales y por ello promovió una demanda por la vía mercantil, no sólo por este hecho, sino también porque paralelamente hubo un incumplimiento al contrato en este aspecto.

La periodista ha respondido que la incorporación de estos videos a su sitio web se hizo con el consentimiento, verbal, de la empresa y que durante los años que hubo relación con MVS nunca existió un diferendo o molestia por este uso.

Como Ombudsman de Noticias MVS me consta que el uso de estos materiales se hacía con el conocimiento pleno e incluso apoyo de los directivos de MVS. No entraré en detalles, porque el caso está en manos del juez, pero durante una indagación que realicé sobre una supuesta censura de un video generado por Noticias MVS (avión presidencial), hubo un intercambio de correos electrónicos y de testimonios, en los que se confirma lo que dijo la periodista: que estos videos se subían a su portal, con el consentimiento de la empresa.

Es más, la “monetización” por la reproducción e incorporación de publicidad en los videos, desde la plataforma de Youtube (donde Noticias MVS subía los materiales), correspondía, exclusivamente a MVS, hasta donde pude indagar. Al estar disponibles los videos en Youtube, no sólo Aristegui Noticias sino cualquier sitio web ha tenido la posibilidad de insertarlos a sus páginas para atraer tráfico y en consecuencia anunciantes. Esta es una práctica frecuente porque en la medida en que el video sea más reproducido, desde diferentes páginas e incluso las redes sociales, el titular de los derechos patrimoniales (en este caso MVS) ganan más dinero con Google (dueño de Youtube).

Es también práctica frecuente que periodistas destacados, como Joaquín López Dóriga, Pepe Cárdenas, Ricardo Alemán, Jenaro Villamil, etc. suban sus entrevistas o notas generadas en sus medios a sus sitios web personales. Es más, otro de los conductores de Noticias MVS, Luis Cárdenas, sube a su página personal parte del trabajo que realiza en la emisora.

Ignoro si dichos periodistas lo hacen bajo convenio o contrato, o si sólo basta la buena disposición de medio de comunicación y periodista para dar un mayor alcance a los materiales generados, pero no deja de ser relevante el diferendo MVS-Aristegui si se considera que en algunas ocasiones el periodista, por su fama o reconocimiento, logra más visitas a su sitio web, comparado con los accesos a la página del medio de comunicación en el que trabaja.

En todo caso, es un asunto que ética, jurídica y comercialmente tiene muchas implicaciones y podría colocar a otros periodistas que realizan prácticas similares en una posición de vulnerabilidad frente a las empresas. El análisis sobre los alcances de los derechos autorales (quien hace la entrevista, por ejemplo) y patrimoniales (quien la comercializa) es también un debate urgente y necesario en la era digital.

¿Qué sigue? Ante la falta de acuerdos, en algunos días el juez podría amparar a la periodista y ordenar su reinstalación, mientras el juicio mercantil sigue su curso, porque, debemos recordar, se trata de dos litigios: uno, la demanda mercantil, y el otro, el amparo presentado por la periodista. Si la periodista logra el amparo, es muy probable que la empresa presentará un recurso de revisión, de ahí se va al tribunal administrativo, donde los abogados de Aristegui defenderán el amparo y la empresa tratará de tirarlo. Y en estos dimes y diretes, el caso podría llegar a la Suprema Corte. ¿Cuándo? Imposible saberlo. Lo que sí puede asegurarse es que este caso, como ya se ha dicho, sienta las bases jurídicas de lo que podría ser una nueva relación entre periodistas, concesionarios de radiodifusión y derechos de las audiencias.

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