Comentario para el noticiario «Pulso de la Mañana», de Radio Educación, el 17 de abril de 2015

El diferendo entre la periodista Carmen Aristegui y la empresa Noticias MVS está tomando un giro muy relevante en materia jurídica.

Luego de su salida de Noticias MVS, Carmen Aristegui presentó un amparo en contra de MVS Radio por la violación a su contrato firmado con la empresa, y en el cual, como es de sobra conocido, se establece que la periodista tiene independencia editorial en la definición de la agenda informativa en el noticiario que conducía.

La nota relevante de esta semana y que tiene implicaciones en materia de libertad de expresión, como derecho humano fundamental, y en el ejercicio periodístico, es que el juez octavo de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, Fernando Silva García, admitió a trámite el amparo, es decir, no lo desechó, pero tampoco lo ha otorgado.

Al admitirlo, que ya de entrada es también importante, el juez Silva García encontró que había elementos suficientes para analizar el caso porque los lineamientos que trató de imponer MVS Radio a la periodista serían contrarios a lo que establece el contrato en cuanto a la independencia editorial que tenía Carmen Aristegui en su noticiario.

No sólo eso, también el juez admitió el amparo porque consideró que el contrato entre la periodista y la empresa no es un caso sólo de derecho privado, es decir, un diferendo entre particulares, sino que se estaría frente a un asunto de interés público o de relevancia social, debido a que MVS Radio opera, en el caso de Noticias MVS, una estación o frecuencia de servicio público, que cumple una función social y que está regulada por el artículo séptimo constitucional, que prohíbe la censura y el control, directo e incluso indirecto, de la libertad de difundir opiniones, información e ideas.

Es decir, en términos llanos, el hecho de que MVS restringiera el espacio de Carmen Aristegui de manera unilateral, es más que un despido o terminación de un contrato laboral: sería una restricción a la libertad de expresión de la periodista e implicaría un daño al derecho a la información de la sociedad, derechos a los que a su vez está obligada MVS como concesionaria de una frecuencia del espectro radioeléctrico, que pertenece del Estado, no a un particular.

Para más precisión, es un amparo, el de Carmen Aristegui, en contra de particulares, que ejercen funciones de derecho público, como si fuesen instituciones del Estado.

Por lo anterior, es que el juez Silva García otorgó la suspensión provisional de los lineamientos editoriales que buscó imponer a la periodista y exhortó a un diálogo entre las partes, con la participación de un mediador, que podría ser Javier Corral Jurado o José Woldenberg, de acuerdo con lo establecido en el mismo contrato.

En caso de no llegar a un acuerdo antes de la audiencia, el juez realizará un pronunciamiento sobre la continuación del noticiario que conducía Carmen Aristegui, con el fin de garantizar el derecho a la libertad de expresión de la periodista y el derecho a la información de la sociedad.

¿Qué sigue? El juicio continúa en trámite, ya que únicamente se dictó la suspensión provisional, a los lineamientos ya aludidos. Falta el desahogo de pruebas y la presentación de los alegatos, antes de la sentencia.

De hecho, el miércoles pasado, MVS Radio interpuso un recurso de queja para impugnar la suspensión provisional otorgada por el juez, la cual será turnada a un tribunal de circuito, superior jerárquico del juez Silva. Este tribunal tendría un plazo de 48 horas para resolver si confirma, modifica o revoca el sentido de dicha suspensión, pero hasta hoy no había información al respecto.

Así que el diferendo sigue su curso legal, sin que se tenga una fecha para su terminación. Tampoco se han dado a conocer detalles del juicio promovido por MVS en contra de la periodista para terminar con el contrato que habían firmado, así como de los amparos individuales y colectivos que han presentado ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil por la salida del aire del noticiario y el daño que se habría generado en derechos de las audiencias.

Termino diciendo que lo ocurrido esta semana es histórico, porque como afirma el doctor en derecho y profesor del CIDE, José Roldán Xopa, lo analizado por el juez Silva García sin duda fortalece la autonomía de los periodistas e incrementa las garantías frente a la censura empresarial o estatal. Agrega que la sentencia afectará directamente a MVS, pero será un precedente cuyos destinatarios son todos los concesionarios de radio y televisión; esto es, el poder empresarial podría ser acotado.

Otra implicación de la resolución del Juez Silva, dice Roldán Xopa en su colaboración en el portal periodístico de La Silla Rota, es su relevancia como contrapeso. Suponiendo –y sólo suponiendo-, dice, que la decisión del concesionario hubiese estado influida por el poder público, la resolución y la posible sentencia que otorgue el amparo tienen también una honda relevancia en la arquitectura de los poderes.

Por su parte, el periodista y escritor Eduardo R. Huchim destaca otro hecho en un artículo publicado en el periódico Reforma: “Pese a su provisionalidad, los criterios que ha expresado el juez van en consonancia con la libertad de expresión, el derecho a la información y, también, con la autonomía que sin duda existe en parte del Poder Judicial de la Federación, aun en estos tiempos en que personeros del Ejecutivo se entrometen o pretenden entrometerse en asuntos de los otros Poderes de la Unión”.

En lo estrictamente personal, me da gusto que el juez haya considerado algunos planteamientos del Ombudsman de Noticias MVS sobre el caso.

¿Qué deberíamos esperar, como audiencias? Que ante la defensa de dos derechos humanos fundamentales, la libertad de expresión y el derecho a la información, así como de nuestros derechos como audiencias, haya una sentencia a favor del interés general y no de los intereses particulares.

Bajar nota del juez Silva García: NotaInformativa44

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