Por Gabriel Sosa Plata

Comentario para el noticiario «Pulso de la Mañana» de Radio Educación

Hoy se lleva a cabo en el Teatro de la Ciudad, a las 11 horas, la constitución del Frente por la Comunicación Democrática, a partir del cual se definirán un conjunto de acciones para evitar que sean aprobados diversos artículos de la iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, presentada por el presidente Peña Nieto, porque son contrarios a la reforma constitucional en esta materia y vulneran la libertad de expresión y el derecho a la información.

La creación de este Frente se hace luego de que ayer, con el hashtag “No más al Poder al Poder”, se realizó una marcha a la que convocaron diversas organizaciones sociales y el movimiento estudiantil #YoSoy132, con el mismo objetivo de manifestar su rechazo a la iniciativa presidencial, particularmente en cuanto a las posibilidades que en este proyecto se le dan a las instancias de seguridad para geolocalizar, a través de cualquier dispositivo móvil, a los usuarios de estos equipos, solicitar información sobre sus comunicaciones e incluso bloquear las señales de telecomunicaciones en eventos o lugares críticos, entre otros artículos muy cuestionables, que sin duda vulneran más derechos humanos, entre ellos el de la privacidad.

La oposición a la iniciativa presidencial crece, pero también algunas manifestaciones de apoyo, sobre todo de las televisoras, de empresas de telecomunicaciones, de abogados de la industria y hasta de la misma Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, que en principio había hecho una fuerte crítica a la propuesta del gobierno federal. Esta polarización, esta confrontación de puntos de vista, se expresa en artículos, notas y entrevistas periodísticas.

Por supuesto que el tema también está en las redes sociales, Twitter y Facebook, donde hay una intensa campaña para desacreditar a los convocantes de la manifestación de ayer, al evento que se llevará a cabo en algunas horas en el Teatro de la Ciudad y a los foros críticos sobre la iniciativa realizados en instituciones de educación superior, bajo el argumento de que quienes hacemos cuestionamientos a la propuesta gubernamental es porque somos empleados o simpatizantes del empresario Carlos Slim, ya que la iniciativa afecta sus intereses.

No es así. La iniciativa, además de vulnerar derechos fundamentales, es, como ya hemos dicho, contraria a los principios constitucionales en independencia editorial medios públicos, al fortalecimiento de medios comunitarios e indígenas, a la autonomía del órgano regulador, el Ifetel, entre otros retrocesos. No es, pues, una defensa del millonario negocio de telecomunicaciones del segundo hombre más rico del mundo, sino una defensa por medios de comunicación más democráticos y servicios de telecomunicaciones de mayor calidad, más baratos y más competitivos. Así que, por mí, que prevalezcan las medidas antiTelmex si son realmente benéficas para el país, pero que se modifiquen aquellas que sí dañan el interés general, así como los derechos de las audiencias, de los usuarios de servicios de telecomunicaciones y de internet.

¿Qué sigue? Es difícil prever escenarios, pero ante estas marchas, ante la creación del Frente y las innumerables muestras de rechazo a la iniciativa presidencial, el PRI y el gobierno no pueden mostrar indiferencia. Habría un costo político importante si deciden aprobar la propuesta en sus términos y la imagen que ganó el presidente y su partido, cuando apoyaron la reforma constitucional de telecomunicaciones y que les permitió marcar su distancia con Televisa, podría de nuevo dañarse. Es un riesgo que, uno supondría, no se tomaría a menos de dos años del inicio del sexenio y quizás por ello estarán de acuerdo con algunas modificaciones al proyecto.

Ya veremos hasta dónde quieren ir, porque también se dictaminarán otras reformas en el Congreso, que están sujetas a negociación política, a un estire y afloje de ciertos temas que traen en sus agendas los partidos políticos, lo que pondría en evidencia, una vez más, que nuestra clase política no necesariamente legisla a favor del interés general, sino para ganar algunas batallas políticas a favor de sus partidos o en beneficio de ciertos actores o sectores nacionales o extranjeros, como se demostró con la reforma energética y como podría ocurrir con esta iniciativa de legislación secundaria de telecomunicaciones, aun a costa de la imagen presidencial.

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