Por Gabriel Sosa Plata
Comentario para el noticiario Pulso de la Mañana, de Radio Educación, el viernes 7 de noviembre de 2014.
Los medios de comunicación han tenido un papel relevante en torno de los lamentables hechos en Iguala. Son testigos, pero también actores importantes de la movilización social, de las disputas entre los partidos políticos y del despliegue propagandístico o contrapropagandístico del gobierno federal, por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas.
Esta relación medios-Ayotzinapa se ha visto reflejada en varias aristas.
Una de ellas es la toma de radiodifusoras por parte de estudiantes, tema al que me referí la semana pasada como una estrategia de denuncia para que el gobierno asuma eficazmente sus obligaciones y encuentre a los normalistas desaparecidos. La toma de estaciones es una medida extrema, pero al parecer ha sido útil para colocar el tema en la agenda nacional, frente a la trivialización o desatención del caso en algunos medios de comunicación.
Las redes sociales, a su vez, han sido fundamentales para la denuncia, pero también para informar de las marchas, de los paros, de las investigaciones, de los relatos, relacionados con lo ocurrido en Ayotzinapa. Sin redes sociales, poco en realidad sabríamos del asunto ni se habría logrado una mayor repercusión de las movilizaciones de descontento y exigencia por la aparición de los estudiantes. Por algo, el periodista Ignacio Ramonet denomina a las redes sociales como el quinto poder.
¿Y qué decir de los medios de comunicación internacionales? Como afirma José Antonio Sosa Plata, en el portal de La Silla Rota, de no ser por las manifestaciones surgidas desde la sociedad, y de las presiones de los organismos y medios internacionales, el problema no sería prioritario. Las portadas de los diarios de The New York Times, The Washington Post o de The Guardian pesan mucho en la clase política mexicana y particularmente en el gobierno federal y el presidente.
Los medios de comunicación en México han actuado con claroscuros. Algunos de ellos han sido sensibles por lo acontecido y han procurado informar con amplitud, pero otros, quizás los más importantes, han colocado sus prioridades en los dichos, en las acusaciones, en el ajuste de cuentas de los dirigentes partidistas sobre sus responsabilidades, y en los hechos vandálicos, como el incendio de una unidad del metrobús, este miércoles, en lugar de destacar lo que sucedió y lo que se dijo en la que ha sido muy probablemente la marcha más grande que ha registrado el país en las últimas décadas. Bajo esta lógica, “vende” más informativamente una declaración crítica del presidente del PRD o del PRI, que las movilizaciones sociales.
Por si fuera poco este cuestionable enfoque informativo, periodistas como Héctor de Mauleón, en El Universal agregan un elemento que nos debiese preocupar en materia de derecho a la información y aplicación de la justicia.
Héctor de Mauleón deja entrever que podría ser un montaje lo ocurrido con la detención de José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda. Y retoma las declaraciones del perredista Jesús Valencia en el sentido de que no ha circulado el video que muestre en vivo la detención. Lo que circula es un fragmento de video, ampliamente difundido en los medios, que ofrece “el extraño espectáculo de un hombre vestido con traje que al lado de un colchón de agua parece aguardar la hora en que las autoridades lleguen a detenerlo”. También llama la atención que el operativo de la detención se realizó con tal sigilo que prácticamente nadie se enteró, lo que deja muchas dudas sobre si realmente ocurrieron las cosas así.
En todo caso fue la detención y el lugar en el que se detuvo, la Delegación Iztapalapa, la prioridad informativa de decenas de medios de comunicación para destacar, por una parte, la eficacia de la Procuraduría General de la República, y por la otra, que el operativo se realizó en tierras del PRD, para dar como una especie de tiro de gracia político-comunicacional a este partido político. Todo esto mientras la marcha, la histórica marcha, pasó a segundo término. (Este fin de semana se repitió la dosis periodística: la “nota” fue el daño a la puerta del Palacio Nacional).
Como se aprecia, Ayotzinapa ha puesto al descubierto no sólo la corrupción, la impunidad y la ineficacia de los sistemas de seguridad en esa región del estado de Guerrero y en muchas otras poblaciones del país, sino también los vicios, los defectos, los intereses y las virtudes, quizás las menos, de nuestro sistema mediático y comunicacional. Esto es una muestra del largo y sinuoso camino que aun debemos recorrer en México para la consolidación de la democracia y el respeto pleno a los derechos fundamentales, entre los cuales se encuentra, justo, el derecho a la información, el derecho a saber, el derecho a la verdad.
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